Por Pablo Alarcón Peña, Abogado – Constitucionalista
Todos asumimos que la corrupción es inherente a los políticos y servidores públicos, pero estamos en un error, la corrupción es cultural y ejercida en lo cotidiano. La corrupción se da en actos preconcebidos, en cohecho, al recibir beneficios no establecidos en nuestras funciones por hacer nuestro trabajo, pero también es corrupción la incompetencia, la ineficiencia, la omisión de funciones, la pereza, el dejar pasar, tomar artículos de nuestra oficina, escuela, simular trabajo, plagiar, copiar, mentir, ocultar información, burocratizar trámites, no estar capacitados para nuestro trabajo y mucho más. Como se observa, la corrupción va más allá de la mordida de tránsito o de políticos corruptos. Ahora es más transparente comprender que la corrupción está presente en el día a día y que la corrupción somos todos, pues todos en algún momento hemos cometido actos de corrupción, es decir, hemos actuado contrario a la cultura de la legalidad. (Taméz, 2017).
La lucha diaria y heroica de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional merece nuestro reconocimiento, sin embargo, no resulta suficiente si lo que pretendemos es atender la genealogía del problema. Para esto último, requerimos trabajar paralelamente, de manera mancomunada, permanente y a todo nivel, en educación. Y, particularmente, en educación en Cultura de la Legalidad. Se trata de un remedio de fondo para prevenir y combatir la “metástasis” de corrupción privada como pública -en ese orden- que vive el Ecuador. Y es que la corrupción es, sin lugar a duda, una de las principales causas de la grave y lamentable situación que atravesamos.
Este mal se propaga con facilidad en sistemas con democracias débiles, carentes de institucionalidad, de valores, de cívica, de ética, de deberes de cumplimiento voluntario de las reglas, de ciudadanía, donde hay sensación de impunidad, donde resalta la desconfianza en el sistema y en el prójimo. No es una coincidencia que los países con altos índices de percepción de corrupción sean los más propensos a sufrir los embates del crimen organizado y del narcotráfico. El Ecuador, conforme al Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional hace pocos días, relacionado al año 2023, alcanza una calificación de 34 /100 puntos, siendo 0 muy corrupto y 100 muy baja corrupción. Puntuación que nos ubica en la posición 115 de los 180 países considerados en la medición a partir de sus niveles de percepción de corrupción en el sector público. La situación se ha agravado si comparamos estas cifras con aquellas concernientes al año 2022, en ese entonces, Ecuador alcanzaba una puntuación de 36/100 y se ubicaba en la posición 101. Cifras similares se pueden evidenciar en diversos países Latinoamericanos, donde precisamente se ha trabajado y focalizado la implementación de la Cultura de la Legalidad, también conocida, para evitar desviar este análisis en cuestionamientos de tipo ius teórico, como cultura de lealtad institucional, cultura ciudadana o cultura constitucional.
La corrupción, lejos de lo que se piensa, no se ciñe a lo “público”, todo lo contrario, surge desde lo “privado” y termina por trascender a la esfera pública. Es por ello que resulta necesario trabajar en aquél habitus, empleando la terminología del sociólogo Pierre Bourdieu, concerniente a la vida privada de las personas. Con mayor razón si se trata de un mal que al traspolarse a lo público amenaza con generar efectos lacerantes en el sistema, en la institucionalidad, en el Estado de Derecho y en la sociedad en su conjunto. Esto último porque más allá de los impactos en la institucionalidad, su principal y más pernicioso efecto es el quebrantamiento del ánimo de la ciudadanía, especialmente de la juventud. No solamente propicia desconfianza en el Estado, sino también en el prójimo, aspecto que debería alarmarnos, pues se ha configurado ya una cultura individualista. Todo esto termina por establecer en la sociedad sentimientos de defraudación, de abatimiento, de fatalismo institucional, los que han llevado a posicionar entre la sociedad la narrativa convincente del: “Estado y/o derecho fallido”.
Esta última posición, que ciertamente cuenta con elementos de sustento, principalmente en las omisiones estatales históricas en este y otros campos, daría a entender que la responsabilidad en la prevención y lucha contra la corrupción es exclusiva del Estado. Este discurso deja de lado que la sociedad en su conjunto, familia, academia, empresa, medios de comunicación, entre otros actores, también desempeñan un rol, seguramente el más determinante en la lucha contra la corrupción. Por otra parte, este fatalismo, lejos de aportar, invisibiliza todas las acciones o estrategias estatales positivas tendientes a luchar contra la corrupción, que ciertamente existen.
Siendo así, el discurso de “Estado y/o derecho fallido”, traería consigo, entre otros aspectos, la erosión del Estado de Derecho, el menosprecio por nuestro Derecho, por nuestras instituciones. Y me refiero a “nuestro”, porque usualmente asumimos, no siempre con fundamento, que en “otros” países o sistemas la realidad es diferente. Lo cierto es que la corrupción es una enfermedad transnacional, evidenciable en mayor o menor grado en todos los países del mundo. Lo importante será evaluar, a partir de un ejercicio comparativo responsable, cuáles han sido las acciones que se han tomado en otros contextos para tratar este mal y evitar la impunidad. Es por ello que una posición antipatriótica, sintomática, justificada en percepciones o experiencias personales, que aboga por la perfección y ejemplo de “otros países”, en desmedro del nuestro, no solo que es irresponsable, sino que resulta inútil para enfrentar esta enfermedad y construir cultura ciudadana.
En lugar de propiciar mayor desgaste, lo que requerimos es fortalecer los valores que componen nuestro contrato social y, en caso que se asuma su inexistencia producto de los embates de la corrupción, del crimen organizado, del narcotráfico, pues será esta la mejor estrategia para reconstruirlo y suscribir uno nuevo. Lo dicho, en definitiva, en caso de consumarse, se traduciría en un triunfo para aquellas organizaciones delictivas, criminales o grupos irregulares que buscan asumir el control del Estado. Es por esto que nuestra actitud debe ser otra, dejar de lado el fatalismo, el despecho y luchar de manera mancomunada, pese a la gravedad de la situación, en el tratamiento de este mal que destruye la confianza, los valores, el civismo y consecuentemente a la sociedad.
La corrupción, como mencioné, ha configurado de esta forma una cultura individualista, caracterizada por el menosprecio al respeto de los derechos de los demás, que relieva la importancia de los derechos subjetivos, pero no de las obligaciones que asumimos como ciudadanos. Es por esto que la corrupción debe ser asumido como lo que es, un mal endémico, un problema cultural que, dada su naturaleza, debe ser tratado con remedios del mismo tipo. Karla Lara, académica mexicana, sostiene al respecto que la corrupción es una enfermedad cultural tan grave como la falta de lectura entre la población o la poca participación democrática. Es tan terrible como la obesidad o el aumento en el consumo de drogas. En sentido similar, Óscar Taméz, también académico mexicano, sostiene que la corrupción ha alcanzado tales niveles que “…forma parte del ADN generacional”.
Frente a este crítico estado de la cuestión, la Cultura de la Legalidad surge, como bien señala Lara, como “el antónimo de la corrupción, es más que una moda, representa la necesidad de modificar acciones, costumbres, formas de vida”. En términos de Isabel Wences y José María Sauca, participantes y promotores de la Cultura de la Legalidad, se trata de un “proyecto y movimiento” que cruza diversos países del mundo, entre ellos, con mucha fuerza, varios de Latinoamérica que han atravesado y/o atraviesan problemas similares a los que actualmente enfrenta el Ecuador, es el caso, por ejemplo, de México, Colombia, Perú, Guatemala. Al respecto, Diego López Medina, profesor colombiano, sostiene que las razones para esta localización del proyecto son múltiples: “estos países han padecido fenómenos muy graves de delincuencia organizada generalmente relacionados con el narcotráfico; los niveles de informalidad económica, social y política fragilizan severamente la eficacia de las reglas jurídicas; se ha llegado a hablar de la generación de muy extendidos espacios de “narco-cultura” en los que se desafían las normas y valores oficialmente aceptados por el Estado y los segmentos de la sociedad que le permanecen leales; se sospecha, incluso, que el Estado haya sido capturado por estos proyectos hasta el punto de que su derecho se haya convertido en una fachada para el rentismo y la explotación que benefician a ciertos grupos sin sensibilidad aparente para la construcción de lo público”.
Esta Cultura de la Legalidad engloba, por tanto, diversas dimensiones, éticas, políticas, sociales, jurídicas y administrativas. Se traduce en una herramienta fundamentalmente preventiva (lo que no resta su utilidad para luchar contra la corrupción enquistada), que busca abarcar las dos dimensiones de la corrupción, tanto la privada como la pública. Es por ello que entre sus objetivos principales está el fortalecimiento democrático a través de la promoción e interiorización de razones y valores morales en el comportamiento ciudadano, pero también en el poder. En este último caso, serán presupuestos sustanciales a cumplir por parte de toda autoridad, no solo para asumir una función y administrar, sino principalmente para exigir obediencia.
Tal como lo sostienen Wences y Sauca, la cultura de la legalidad apuesta por “un impulso ético que genere confianza política y prácticas basadas en principios de integridad, transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas, todo en el marco de la buena gobernanza y buen gobierno, de la ética del servicio. Pretende reforzar hábitos y generar convicciones. El cumplimiento voluntario de las reglas por parte de los ciudadanos, no por miedo a la sanción, no por la consecuencia, sino por un deber de igualdad y convivencia. Por oposición a ciudadanos que no cumplen con las normas básicas de convivencia o lo hacen exclusivamente por miedo a ser detectados y sancionados, la Cultura de la Legalidad es un movimiento social que busca que los ciudadanos logren interiorizar estos patrones normativos de convivencia. Esto reduciría los niveles de incumplimiento social, que devienen en actos de corrupción y los costos estatales de vigilancia”.
Debemos asumir que detrás de las normas hay valores socialmente compartidos, si se violentan o desobedecen, se genera un impacto letal para la democracia y para la sociedad en su conjunto. Se trata, por lo tanto, de un movimiento que impulsa un comportamiento cívico sustentado en la cohesión social generada por los principios y los valores establecidos, por ejemplo, en la Constitución, la que al menos desde el punto de vista formal, e independientemente del contexto político, se constituye en la norma de normas del sistema jurídico, la norma que es producto del consenso social y que debe ser respetada. Esto explica que la Cultura de la Legalidad no promueva más normas, sino que se enfoque en su eficacia, en su debido cumplimiento.
Hemos evidenciado hasta la actualidad que la corrupción, la lucha contra el crimen organizado y el combate a otros graves problemas que enfrenta la sociedad, no se han solventado con la mera emisión de reglas, sean estas constitucionales, legislativas, jurisprudenciales o de otro rango jurídico. Y esto ha ocurrido porque el problema no radica necesariamente en el sistema normativo, sí en su cumplimiento, promover la importancia de interiorizar valores y alcanzar niveles de cumplimiento voluntario de las reglas, no sólo jurídicas, sino principalmente aquellas que no están escritas en textos jurídicos, de las que depende la convivencia en una sociedad. Increpar, cuestionar las actitudes reñidas con las normas de convivencia, no aplaudirlas, no enorgullecernos por haberlas transgredido.
En definitiva, debemos hacer conciencia de los efectos nocivos que genera la “viveza criolla”, saltarme la fila, irrespetar las normas de tránsito, copiar, mentir, hacer uso de parqueaderos asignados para personas con discapacidad, mujeres embarazadas, entre otros. Tal como lo sostiene Antanas Mockus, uno de los principales promotores de la Cultura de la Legalidad, las “vivezas criollas generan la ineficiencia del sistema, provocan conflicto social, asignación de presupuesto estatal para la vigilancia. Lo más grave es que este tipo de acciones siempre encuentran justificaciones, como: “la angustia del momento”, “voy muy tarde”, “me atraso a clases o al trabajo”, “la multa es muy alta”, “pero el semáforo solo estaba en amarillo”, “el policía solo se fijó en mí”, “nadie venía por la vía”, entre otras”. Debemos concientizar que este tipo de acciones habituales constituyen actos de corrupción.
De esta forma se configura la corrupción, desde actos cotidianos que parecen intrascendentes, que ocurren con mucha frecuencia en el ámbito privado y que terminan por trascender al ámbito público. Es asì como se explica la aseveración de Taméz: “la corrupción es un gen que se transmite por generaciones”. Esto implica, en consecuencia, la necesidad de combatirla desde todas las esferas, tratar aquél habitus privado que tiene incidencias directas en lo que ocurre en el sistema. Una forma de hacerlo es evidenciar, de manera focalizada en el área de aprendizaje que corresponda, la relevancia de la Cultura de la Legalidad, de la cívica, de la ética, tanto en el comportamiento diario como en la toma de decisiones. Para alcanzar un cambio sustancial, profundo, sin lugar a dudas, la Cultura de la Legalidad debe ser parte de la formación educativa de niños y jóvenes, sin descuidar que la educación superior –independientemente del área de conocimiento- tiene la obligación de reforzar estos valores.
Usualmente esperamos que sea el Estado quien atienda este mal, pues ciertamente es uno de sus deberes constitucionales, pero debemos asumir que somos todos quienes debemos emprender esta batalla diariamente, desde cada uno de nuestros ámbitos, desde cada uno de nuestros actos u omisiones, desde el ejemplo a los demás, a nuestros hijos, a nuestros familiares y amigos, será la única manera de frenar su propagación.
Frente a la crisis que vive el Ecuador, lo que menos debe suceder es que perdamos la esperanza. La educación en Cultura de la Legalidad/ciudadana, es nuestra arma más poderosa para luchar contra este mal. Seguramente muchos señalarán que se trata de un remedio a largo plazo y, en consecuencia, le restarán importancia. Y la respuesta frente a ese tipo de cuestionamientos y posiciones, es que sí, porque un problema tan complejo, de tipo cultural, histórico, generacional, no se trata con placebos. Sino tomamos la decisión firme de iniciar con el análisis, difusión y empoderamiento ciudadano de la Cultura de la Legalidad/ciudadana, nada cambiará en la sociedad.
Desde el Estado, resulta sustancial convertir a la Cultura de la Legalidad en una política pública, la que deberá cubrir todo el sistema educativo, con especial énfasis en los sectores más necesitados, donde no necesariamente existe una familia a quien recurrir y quienes han sido los más afectados por la inserción del crimen organizado y su narco-cultura. Para este cometido, el trabajo de los gobiernos locales, tanto en la réplica como en la inserción de campañas de cultura de la legalidad, de tipo sensorial, en calles, plazas, mercados, que respondan a las necesidades de sus habitantes, será medular.
En el ámbito privado, sin duda el más importante, la familia (en los casos que exista), medios de comunicación, escuelas, colegios, universidades, cámaras (cito el ejemplo de la campaña “honestidad criolla” liderada por la Cámara de Comercio de Quito), la iniciativa privada en general, están llamados a interiorizar y difundir la Cultura de la Legalidad, será la mejor forma de evitar la traspolación de la viveza criolla al ámbito público.
Todos estos esfuerzos serán sustanciales no solo para prevenir y luchar contra la corrupción y el crimen organizado, sino fundamentalmente para la reconstrucción de cultura cívica y ciudadana tan venida a menos en el Ecuador. En medio de circunstancias adversas, la cultura de la legalidad/ciudadana, se convierte en una herramienta poderosa para construir civismo, recuperar la confianza ciudadana y reivindicar el amor por el país.
