Por Pablo Alarcón Peña Abogado – Constitucionalista
Limitarnos a identificar los múltiples problemas que enfrenta el país es sencillo. Conformarnos con quejarnos o promover odio en la sociedad, lejos de aportar, sólo agrava la situación. Es momento de asumir una actitud distinta, propositiva y cívica. Enviar un mensaje de aliento en medio de circunstancias adversas. Cambiar el grito, el insulto, la prepotencia, la incitación al odio y la violencia, por el diálogo y la empatía.
La delicada situación que vive el país nos compromete a todos a ir más allá de nuestras funciones o tareas diarias, no podemos mirar a un lado, no debemos esperar a que sea el Estado el que trate y solucione los problemas. No podemos limitarnos a ejercer nuestras labores de manera mecánica y rutinaria, como si nada sucediera en nuestro entorno, no podemos seguir pensando únicamente en “nosotros”.
En el caso de la academia, quienes tenemos a cargo la delicada y crucial labor de educar, en mi caso en el Derecho, no podemos abstraernos de lo que sucede fuera de las aulas. Por esto he asumido con absoluta responsabilidad, convicción y entereza, la promoción de la Cultura de la Legalidad para el Ecuador. Una cruzada que tiene como finalidad proponer, no destruir.
La educación en Cultura de la Legalidad es una necesidad, es nuestra principal herramienta para aportar y transformar la realidad. Conferir títulos con responsabilidad, con contenido y compromiso social, más allá del área de formación o experticia, sustentados en los principios y valores que forman parte de la Cultura de la Legalidad, debe ser el principal cometido de las universidades, con mayor razón en medio de la severa crisis de valores que enfrenta el país.
Invito a todos a ser parte de esta cruzada cívica, que no persigue intereses personales, tampoco políticos. No necesitamos ocupar un cargo público para aportar al país, cada uno, desde nuestras funciones y principalmente desde nuestras actitudes y hábitos diarios, podemos y debemos ser los principales protagonistas del cambio.
